La Ley de Fomento Productivo generó liquidez en su primer año de aplicación, en las empresas y en la caja fiscal. Y, aunque la normativa captó inversión, todavía no se alcanzan las metas esperadas. La normativa se aprobó el 21 de agosto del 2018, con el objetivo principal de incorporar una serie de incentivos -tributarios y no tributarios- para dinamizar al sector productivo y atraer capitales. Entre los beneficios más importantes están mecanismos de exoneración del impuesto a la renta o a la salida de divisas y arbitrajes internacionales. Caterina Costa, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil; pese a ello, destaca que la Ley sí aceleró el ritmo de inversiones privadas. Según datos del gremio, la norma viabilizó la firma de 52 convenios de inversión por $ 1.564 millones. De ellos, 27 se suscribieron entre enero y junio de este año, por $ 626 millones. Pero las cifras aún están lejos de las metas iniciales del Gobierno.

Fuente: El Comercio.